Grado de discapacidad por enfermedad 2026: porcentajes y umbrales

Miles de personas escriben cada mes en Google frases como «grado de discapacidad por osteoporosis» o «porcentaje de discapacidad por enfermedades», esperando encontrar una tabla que ponga un número al lado de cada diagnóstico. Esa tabla no existe. En España el grado de discapacidad es un porcentaje que va del 0 al 100 %, pero no lo fija la enfermedad que tengas, sino cuánto te limita en tu vida diaria. Una misma patología puede quedarse en un 15 % en una persona y superar el 65 % en otra. Esta guía repasa además cómo se relaciona el grado de discapacidad con la incapacidad permanente de la Seguridad Social, con el cambio previsto para 2027, y qué dice el último informe de COCEMFE sobre el nuevo baremo.

Ese 33 % es la cifra que lo cambia todo. Por debajo, puedes tener secuelas o un diagnóstico grave y aun así no obtener ningún derecho. A partir de ahí se abre la puerta a deducciones en el IRPF, reserva de empleo y la tarjeta de estacionamiento. El cálculo se hace con el baremo del Real Decreto 888/2022, en vigor desde el 20 de abril de 2023, que valora el impacto funcional y no el nombre de la enfermedad.

¿Qué es el grado de discapacidad y desde qué porcentaje se reconoce?

El grado de discapacidad es un porcentaje del 0 al 100 % que mide cómo una deficiencia limita tu vida diaria. Se regula en el artículo 2.2 del Real Decreto 888/2022 y, a partir del 33 %, eres oficialmente persona con discapacidad, con acceso a beneficios fiscales, laborales y sociales.

El grado de discapacidad no es una etiqueta médica, sino una medida administrativa. El Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, lo define como un porcentaje que refleja el impacto de las deficiencias en las actividades de la vida diaria (las llamadas AVD: vestirse, asearse, desplazarse, comunicarse). Ese porcentaje solo tiene efectos legales a partir del 33 %, un umbral fijado en el Real Decreto Legislativo 1/2013. Por debajo, la resolución reconoce un grado, pero no otorga la condición de persona con discapacidad.

No hay que confundirlo con el grado de dependencia. La dependencia mide si necesitas ayuda de terceras personas para las actividades básicas; la discapacidad mide la limitación funcional en porcentaje. Se pueden tener los dos, ninguno, o uno solo. Son procedimientos distintos, con baremos distintos y organismos distintos.

Entre ambos hay un puente legal: el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, en la redacción vigente en 2026, considera, a los efectos de esa ley, que presentan una discapacidad del 33 % las personas con una situación de dependencia reconocida en grado I, y del 65 % las de grado II y III. Esa asimilación solo produce efectos en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, y no se aplica en el ámbito tributario.

¿Es lo mismo el grado de discapacidad y la incapacidad permanente de la Seguridad Social?

No: la incapacidad permanente es una pensión del INSS (Seguridad Social) por incapacidad laboral, y el grado de discapacidad es un reconocimiento administrativo autonómico, en porcentaje, con beneficios fiscales, laborales y sociales, no una pensión. Ambos son compatibles. La ley equipara al 33 % a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez en ámbitos concretos, como el empleo y el IRPF, pero no a todos los efectos.

La incapacidad permanente es una prestación económica que gestiona el INSS, dentro de la Seguridad Social, cuando una enfermedad o accidente reduce o anula tu capacidad para trabajar; existen los grados de parcial, total, absoluta y gran invalidez, y se cobra como pensión mensual. El grado de discapacidad, en cambio, lo tramita tu comunidad autónoma y no es una pensión: es un reconocimiento administrativo, expresado en porcentaje, que da acceso a beneficios fiscales, laborales y sociales como los que recorre esta guía. Son trámites distintos, ante organismos distintos, y —esto es clave— son compatibles entre sí: puedes tener reconocida una incapacidad permanente y, además, solicitar y obtener un grado de discapacidad.

Aquí surge la confusión más habitual. Muchas páginas afirman que quien cobra una pensión de incapacidad permanente tiene un 33 % de discapacidad automático para todo: Seguridad Social, IRPF, tarjeta de estacionamiento, empleo. La ley dice algo más acotado. El artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, en la redacción vigente en 2026, considera que presentan una discapacidad igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social con pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio. Pero lo hace «a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II», es decir, en materia de accesibilidad universal, participación en los asuntos públicos e igualdad de oportunidades y no discriminación. La fórmula «a los efectos de esta ley» acompaña a la regla general del 33 % reconocido y a la asimilación de la dependencia, no a ese párrafo.

La pensión sí cuenta por sí sola en dos ámbitos más: el trabajo y la renta. En el primero, el artículo 35.1, párrafo segundo, de esa misma norma establece que, a los efectos del capítulo VI (derecho al trabajo) y del ejercicio del derecho al trabajo, tienen la consideración de personas con discapacidad esos mismos pensionistas (en clases pasivas, por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad). En el segundo, el artículo 60.3 de la Ley 35/2006 del IRPF considera acreditado, a los efectos de ese impuesto, un grado de discapacidad igual o superior al 33 % en los mismos casos.

Lo que no existe es un 33 % válido para cualquier trámite. El Tribunal Supremo (Sala de lo Social, sentencia de 19 de febrero de 2020, rec. 2927/2017) aclaró que esa equiparación no tiene eficacia general «a todos los efectos». La misma Sala, en su sentencia núm. 498/2026, de 26 de mayo de 2026, reiteró que, en las situaciones anteriores a la reforma de la Ley 3/2023, el reconocimiento de una incapacidad permanente total no conlleva de forma automática un grado de discapacidad del 33 %, y no se pronunció sobre el alcance de la redacción vigente del artículo 4.2. Ese mismo apartado añade que la persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real. Si necesitas un certificado de discapacidad con validez general, o un porcentaje propio en lugar de la equiparación, tienes que pasar igualmente por el baremo del RD 888/2022.

Desde 2027, un nuevo real decreto fijará cómo se acredita esa equiparación. El Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre (BOE núm. 218, de 3 de septiembre de 2026), todavía no está en vigor: lo estará el 2 de enero de 2027, según su disposición final octava, y derogará el Real Decreto 1414/2006. Su disposición adicional cuarta, apartado 2, prevé que la equiparación legal al 33 % de los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad, a los efectos del párrafo segundo de los artículos 4.2 y 35.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, se acreditará con la resolución del INSS o del Instituto Social de la Marina. En esos supuestos no será exigible resolución, certificado o tarjeta del IMSERSO o de la comunidad autónoma.

Grado de discapacidad por clases: la tabla del baremo (RD 888/2022)

El baremo del Real Decreto 888/2022 gradúa cada deficiencia en cinco clases según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la OMS: nula (0-4 %), leve (5-24 %), moderada (25-49 %), grave (50-95 %) y total (96-100 %). La condición legal de persona con discapacidad empieza dentro de la clase moderada, en el 33 %.

El salto entre clases no es lineal: pasar de la clase 2 a la clase 3 significa duplicar el porcentaje, del 25 % hasta el 95 %. Esa horquilla tan amplia dentro de una misma clase explica por qué dos personas con la misma enfermedad pueden salir con grados muy distintos: todo depende de cuánto les afecte en la vida diaria. Esta es la tabla oficial de referencia.

Fuente: Real Decreto 888/2022 (BOE). Este baremo, basado en la CIF de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sustituyó en 2023 al anterior de 1999 y sus anexos fueron actualizados por la Orden DSA/934/2023.

¿Qué porcentaje de discapacidad corresponde a cada enfermedad?

Ninguno fijo: la ley no asigna un porcentaje por diagnóstico, y el grado depende del impacto funcional individual, no de la enfermedad en sí. Por eso una misma patología puede valorarse de forma muy distinta en dos personas, según cuánto les limite en su día a día.

Esta es la idea que más cuesta asimilar cuando se busca «grado de discapacidad» junto al nombre de una enfermedad concreta —osteoporosis, fibromialgia, hernia discal, TDAH o autismo—. El baremo del RD 888/2022 se organiza por sistemas o capítulos (aparato locomotor, enfermedad mental, sistema cardiovascular, etc.), pero dentro de cada capítulo lo que puntúa es la gravedad de la afectación, no el diagnóstico.

El cáncer es un buen ejemplo. Durante el tratamiento activo suele reconocerse un 33 % de forma temporal, y ese grado puede subir hasta un 65-75 % cuando quedan secuelas permanentes graves —por ejemplo, una ostomía definitiva—. La misma enfermedad, por tanto, recorre casi todo el baremo según el momento y las consecuencias. En la práctica, para obtener un grado ajustado, los informes médicos que documentan tus limitaciones concretas pesan más que la etiqueta de la enfermedad.

Cómo se calcula el grado: el baremo del RD 888/2022

El baremo del Real Decreto 888/2022 valora a la persona con cuatro escalas: la deficiencia global (BDGP), las limitaciones en la actividad (BLA), las restricciones en la participación (BRP) y los factores del entorno (BFCA). Estos últimos suman un máximo de 24 puntos y no pueden, por sí solos, cambiar de clase.

El cambio de filosofía respecto al baremo de 1999 es profundo. Antes se medía sobre todo la deficiencia orgánica; ahora se aplica el modelo social de la Convención de la ONU y se valora también cómo interactúa la persona con su entorno. Las cuatro escalas funcionan así:

• BDGP — Deficiencia Global de la Persona: mide las funciones y estructuras corporales afectadas.
• BLA — Limitaciones en la Actividad: qué puedes o no puedes hacer.
• BRP — Restricciones en la Participación: cómo te afecta en la vida social y laboral.
• BFCA — Factores Contextuales y barreras ambientales: el entorno, con un tope de 24 puntos.

La valoración no la hace un ordenador, sino un equipo de personas. Es un procedimiento reglado, con anexos técnicos, en el que cada deficiencia se clasifica en una de las cinco clases de la tabla anterior y luego se combina con el resto. De ahí sale el porcentaje único que aparece en tu resolución.

Umbrales del 33 %, 65 % y 75 %: qué desbloquea cada grado

Hay tres umbrales clave en 2026. El 33 % da la condición de persona con discapacidad y beneficios fiscales; el 65 % abre la pensión no contributiva de invalidez (hasta 628,80 € al mes en 2026, con requisitos de edad, residencia e ingresos, según el IMSERSO) y amplía el mínimo del IRPF; y el 75 % con necesidad de ayuda de tercera persona añade un complemento del 50 % sobre esa pensión.

Cada umbral se mide en euros. Con un grado igual o superior al 33 % ya aplicas un mínimo por discapacidad de 3.000 € anuales en el IRPF; si alcanzas el 65 %, ese mínimo se triplica hasta 9.000 €. La distancia entre el 64 % y el 65 % puede valer, por tanto, más que un mes de salario para muchas familias. Esta es la tabla de umbrales con las cuantías de 2026.

Fuentes: IMSERSO (pensiones no contributivas 2026) y Agencia Tributaria. Un ejemplo con números: una persona con un grado del 65 % puede solicitar la pensión no contributiva de invalidez si, según el artículo 363.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015 (Ley General de la Seguridad Social), tiene más de 18 y menos de 65 años, ha residido legalmente en España durante 5 años, 2 de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud, y carece de rentas suficientes: ingresos personales inferiores a 8.803,20 € al año en 2026 o, si convive en una unidad económica, rentas del conjunto de sus miembros que no superen el límite de acumulación de recursos. La pensión íntegra, que es la cuantía máxima, es en 2026 de 628,80 € al mes; repartida en 14 pagas suma 8.803,20 € al año. La cuantía individual depende de sus rentas, con un mínimo de 157,20 € al mes (2.200,80 € al año). Si su grado llega al 75 % y necesita ayuda de otra persona para las actividades básicas, se le añade un complemento del 50 % de la íntegra, 314,40 € al mes, hasta 943,20 € al mes (13.204,80 € anuales) cuando cobra la pensión íntegra. Esa cuantía no es fija: se revaloriza cada año. En 2025 la pensión no contributiva de invalidez era de 7.905,80 € anuales, así que la subida a los 8.803,20 € de 2026 supone 897,40 € más al año, según el IMSERSO.

Hay un incremento adicional que conviene no confundir con la reducción por trabajo activo de la tabla anterior: la Agencia Tributaria suma 3.000 € más al mínimo por discapacidad, en concepto de gastos de asistencia, cuando se acredita necesitar ayuda de terceras personas, tener movilidad reducida, o alcanzar un grado igual o superior al 65 %. Por ejemplo, una persona con el 65 % de discapacidad y necesidad de ayuda de tercera persona puede sumar el mínimo de 9.000 € y estos 3.000 € adicionales, hasta 12.000 € en la base liquidable del IRPF.

La «reserva de empleo» de la tabla también tiene cifras propias. El artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013 obliga a las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores a que al menos el 2 % de ellos sean trabajadores con discapacidad. El artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) reserva en las ofertas de empleo público un cupo no inferior al 7 % de las vacantes para personas con discapacidad.

Ojo con la tarjeta de estacionamiento: el 33 % de discapacidad no basta por sí solo. Además del grado, el RD 888/2022 exige un baremo de movilidad reducida (BLAM) positivo, con una puntuación igual o superior al 25 %; sin él, la tarjeta no se concede aunque el grado supere sobradamente el 33 %. Eso sí, se otorga de forma automática a quienes se desplazan en silla de ruedas o necesitan un producto de apoyo para caminar.

Cómo se solicita el certificado y cuánto se tarda

El certificado de discapacidad lo emite el centro base o Centro de Valoración y Orientación (CVO) de tu comunidad autónoma. Se pide cita previa, se presentan el DNI o NIE y los informes médicos, y el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) realiza la valoración. El plazo habitual es de 6 a 8 meses, con un máximo legal de seis meses (art. 9.1 del Real Decreto 888/2022).

La competencia está transferida a las comunidades autónomas, así que el organismo y los plazos varían según dónde vivas. La valoración corre a cargo del EVO, un equipo formado por un médico, un psicólogo y un trabajador social que analiza los factores médicos, psicológicos y sociales antes de proponer un porcentaje.

La espera tiene tope legal: el artículo 9.1 del Real Decreto 888/2022 fija un plazo máximo de seis meses, desde la presentación de la solicitud, para dictar y notificar la resolución. El artículo 9.2 añade dos garantías: el reconocimiento se entiende producido desde la fecha de solicitud y tiene validez en todo el territorio del Estado.

Hay una vía más rápida. El artículo 10 del RD 888/2022 permite la tramitación de urgencia cuando concurren razones de salud, violencia de género, merma de la esperanza de vida —como en la ELA (esclerosis lateral amiotrófica)— u otras de carácter humanitario. En estos casos los plazos se reducen a la mitad, hasta unos tres meses. El grado, además, no es para siempre: puede revisarse por agravamiento o mejoría transcurrido un plazo mínimo de 2 años desde la resolución, salvo error de diagnóstico acreditado.

¿Por qué el nuevo baremo reconoce grados más bajos?

La confederación COCEMFE advierte (diciembre de 2025) de que el nuevo baremo está reconociendo grados más bajos: el porcentaje de personas valoradas por debajo del 33 % ha subido del 33 % al 40 % desde su entrada en vigor, dejando fuera de derechos a personas que antes sí los tenían.

No todo el mundo celebra el nuevo baremo. Según el estudio de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) de diciembre de 2025, la insatisfacción con la valoración creció del 67 % al 74 % tras el 20 de abril de 2023, y un 68 % de las personas percibe que el equipo valorador no conoce suficientemente su patología, sobre todo en enfermedades orgánicas o poco visibles.

A esa percepción se suma un problema de tiempos. La propia COCEMFE calcula que el 48 % de las personas valoradas con el nuevo baremo espera más de un año, con mayor impacto en Galicia y Andalucía. La paradoja es evidente: un baremo pensado desde el enfoque de derechos humanos de la Convención de la ONU está, en la práctica, reduciendo grados y alargando plazos, según las entidades del sector. Conviene guardar todos los informes médicos y, si no estás de acuerdo con la resolución, valorar la reclamación previa a la vía judicial.

El mismo informe de diciembre de 2025 aporta más datos. Las resoluciones definitivas —las que no quedan pendientes de revisión o recurso— cayeron del 79 % al 69 % desde la entrada en vigor del nuevo baremo. Y reclamar rara vez funciona: solo el 11 % de las reclamaciones logra elevar el grado reconocido, frente a un 13 % que ve cómo se lo reducen todavía más. No es de extrañar que el 59 % de las personas se declare totalmente inconforme con el proceso de reclamación.

«El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana.»

— Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE (diciembre de 2025)

Ante esta situación, COCEMFE reclama cuatro medidas concretas:

• Reducir a un máximo de seis meses el plazo desde la solicitud hasta la notificación del grado.
• Reforzar los equipos de valoración con profesionales formados.
• Homogeneizar los criterios de valoración entre comunidades autónomas.
• Garantizar la presencialidad de las valoraciones.